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martes, 3 de septiembre de 2013

Congreso Estatal única esperanza para el magisterio quintanarroense



El gobierno mexicano está conformado por tres poderes, donde cada uno tiene facultades específicas. El poder legislativo(diputados y senadores) elabora, modifica y ratifica las leyes; el poder ejecutivo, las aplica y el poder judicial resuelve las controversias entre ciudadanos o entre ciudadanos y el gobierno que puedan surgir interpretando las leyes.

Esto viene por el movimiento magisterial que busca que en el estado de Quintana Roo no se acepte la Reforma Educativa tal y como la aprobaron los diputados federales la madrugada del 2 de septiembre. Los diputados locales de los congresos estatales  tendrían que ratificar esa ley para que pueda ser válida para toda la nación.

Son los diputados locales quienes pueden modificar dicha ley, sí lo proponen: ellos mismos, el pueblo o el gobernador del estado. Esa ley no puede ser alterada, modificada o interpretada por el secretario de gobierno, Gabriel Mendicutti o por la secretaria de educación, Sara Latife. No están facultados para eso. Pueden prometer y comprometerse pero no está en sus manos cumplirlo, a menos como se mencionó antes, que el gobernador emita al congreso local la propuesta de modificación de la ley.

El comité de la lucha magisterial de Quintana Roo fructificaría sus  negociaciones al entablarlas con los diputados locales. De lo contrario se estaría empantanando en pláticas con empleados administrativos, que a pesar de sus buenas intenciones por solucionar el problema magisterial, no puedan dar soluciones reales.

La mesa de diálogo sostenida la noche del 2 de septiembre en el Palacio de Gobierno entre el comité de lucha magisterial fue con Gabriel Mendicutti y Sara Latife. Se firmó una minuta(no modificación de ley) que contiene el siguiente párrafo:

 Para llevar a cabo las acciones que se propone la autoridad estatal primero tiene que mandar al congreso estatal  una  propuesta de modificación a la Ley del Servicio Profesional Docente de lo contrario cualquier acuerdo por fuera queda sin validez constitucional.

El hecho de tener a Sara Latife como juez y parte en esta problemática le resta confianza por parte de la base magisterial docente, quien pide como un punto más de su pliego petitorio la destitución de la secretaria de educación.



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