El sillón del máximo
despacho de procuración a la protección y garantía de los derechos humanos en Quintana Roo, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, quedó vacío y la espera de quién, más que sentarse, la ocupe
con trabajo, ahínco y compromiso a favor de todos los quintanarroenses.
Y es que, hoy día en
que, Enrique Mora Castillo dejó oficialmente libre la silla de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en la Entidad al separarse del cargo tras concluir
su periodo que marca la ley, lo cierto es que han circulado nombres de posibles
candidatos a ocupar tan importantísima vacante.
Sin embargo, hay que
considerar que, tras finalizar Mora Castillo su gris paso como el “máximo
defensor de los derechos humanos de los quintanarroenses”, es notable la abultada
herencia de pendientes que cederá a quien lo supla, por lo tanto, he aquí la
razón principal por la cual se deberá
elegir al sobresaliente y más destacado individuo.
A lo largo de estos
últimos tiempos hemos sabido de innumerables casos que hoy, rebosan los
archiveros de carpetas, donde, seguramente, varios estarán marcados por actos
que han vulnerado los derechos humanos y, por ende, las garantías individuales
de la sociedad quintanarroense, esto, en un panorama donde a poquísimas
víctimas les ha sonreído la muy ausente justicia.
Ejemplos, podemos
enunciar sinfín, tales como los más recientes que hemos conocidos a través de
los medios de comunicación y, que, ante la observancia ciudadana, han exhibido
la incapacidad e incompetencia del ex Ombudsman que soltó la estafeta con
rapidez y en visible acto de urgencia.
Lastimoso ha sido para
los ciudadanos el hecho que, elementos de la policía tanto Estatal y Municipal
hayan sido señalados en innumerables ocasiones como transgresores de los
derechos humanos en el ejercicio de su función; tal es el último y más reciente
caso en la capital del Estado como el asesinato del joven Luis Enrique Us Chan
de 20 años de edad en la colonia Payo Obispo, al ser ultimado a balazos a manos
de un policía que hoy anda en libertad gozando de franca impunidad. Además, de
las últimas detenciones que han realizado en completo abuso de autoridad y
brutalidad policiaca como lo sucedido en un desalojo de, supuestamente,
violentos padres de familia y maestros en la carretera Chetumal-Escárcega, en la
comunidad de Nicolás Bravo apenas al final de año pasado. Así como estos, entre
muchos otros escenarios más donde se violan los derechos humanos de la
sociedad.
Y es que, estas
arbitrariedades, han quedado asentados con la cantidad de denuncias que ha recepcionado la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, pues los números indican qué, los “guardianes del orden”,
encabezan la mayor cantidad de
denuncias, incluso, no solo en nuestro Estado sino en todo el país.
Dentro de este
contexto y escenario adverso en materia de derechos humanos en nuestra
demarcación, bien valdría la pena que la XIV legislatura del Congreso del
Estado y los legisladores de las distintas fuerzas parlamentarias elijan al
personaje no ideal, sino más bien, al mejor preparado y capaz de asumir un
fuertísimo compromiso con la sociedad, pues hoy por hoy, es un rubro desatendido
y sin avances significativos para los quintanarroenses, por lo tanto, es una
enorme deuda a la ciudadanía.
Habría, de igual
forma, revisar minuciosamente el interinato que, en días anteriores, se ha
venido manejando a través de los distintos medios de comunicación donde se
maneja el nombre de Adriana Isla, esposa de Luis González Flores titular de la
SEDARI y tío del ex gobernador Félix González Canto, toda vez se contempla
asuma la presidencia interina del despacho de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Y es que, el Congreso
del Estado a través de la Comisión de derechos humanos presidido por el
Diputado panista Sergio Bolio respaldaron fuera del marco legal la designación
de la primera visitadora, Adriana Isla, al interinato de la Comisión de
Derechos Humanos, esto, al parecer en evidente acto de desconocimiento de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo (Cdheqroo), pues este,
la imposibilita de ejercer tal deber.
Es así que, tras estos
serios cuestionamientos, sería un “palomazo” para la XIV legislatura del
Congreso del Estado emita inmediatamente la convocatoria para la renovación de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo a efecto que, democráticamente y,
considerando los mejores perfiles académicos y curriculares de los candidatos
se elija al nuevo Ombudsman Estatal de Derechos Humanos.
En ese sentido,
doblemente valdría la pena valorar y considerar al abogado y Dr. José Antonio
Barón Aguilar quien representa un fuerte aspirante a contender por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo y quien ha levantado su mano. José
Antonio Barón Aguilar, es licenciado en Derecho, egresado de la segunda
generación de la Universidad de Quintana Roo, cuenta con estudios de Maestría
en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Modelo y recién concluyó
su doctorado en Derecho en el Instituto de Formación e investigaciones jurídicas
de Michoacán.
Finalmente, Barón
Aguilar ha ocupado diferentes cargos dentro de la administración pública
Estatal y Federal, además que, recientemente, fue aspirante al Consejo
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quedando
entre los 18 finalistas que comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos
en el Senado de la República de entre más de 120 contendientes, compitiendo con
ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rectores de
universidades privadas.
